“Reparar el territorio” Otro gran reto para la paz territorial.

Por Carlos Fernandez

Dolor, miedo, incertidumbre. Una mezcla que de todo esto se percibe en el aire de los Montes de María. Es innegable que este territorio ha sufrido una profunda violencia como también otras regiones del país; pero aquí, sobre todo los paramilitares, se ensañaron de maneras atroces e inimaginables sobre la población. ¿De dónde salió tanto odio para que aquí sucediera lo que sucedió? “El territorio fue ofendido” -dice un campesino como si hablara de su propio cuerpo. “Guerrilla y “paras” vulneraron el territorio, las fuerzas de la guerra se escondieron entre la gente y mataron a la gente” -dice otro.

A pesar de la existencia y los avances en la implementación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, las víctimas de los Montes de María no se sienten reconocidas, atendidas y mucho menos reparadas. Por el contrario, sienten que han sido abandonadas a su suerte, que la verdad está a medias refundida en los juzgados o ignorada por la mayoría de la población; que la justicia “se burló” de ellos al permitir que los victimarios que cometieron las atrocidades quedaran en libertad luego de cumplir una condena que más parecía un premio; y que la reparación se va quedando en un mensaje de buena voluntad, porque ni el gobierno nacional ni los gobiernos locales con su estructura y su funcionamiento tienen la capacidad real para “atender” básicamente a tantas víctimas, mucho menos para hacerlo de manera diferenciada. Más aun, que las garantías de no repetición, es decir las condiciones estructurales para una paz estable y duradera, aun tienen el reto de encarar los conflictos de fondo que dieron origen a la violencia.

Por un lado, las víctimas no se sienten protegidas en su integridad para adelantar los procesos de reclamación y retorno a las tierras que les fueron despojadas, porque continúan siendo objeto de amenazas por parte de las estructuras armadas que dejaron los paramilitares y que ahora se denominan Bacrim. Por otra parte, porque realmente no hay condiciones jurídicas, políticas, ni económicas para que a las víctimas les sean restituida la integralidad de sus derechos como lo señala la ley. La acción institucional esta desarticulada y son tantas las víctimas y sus necesidades, que muchos funcionarios con buena voluntad solo atinan a señalar que la ley es un gran instrumento, que hay problemas en la coordinación, y que en fin “se hace lo que se puede”.

A la desprotección e impotencia viene a sumarse la incertidumbre, porque los mecanismos para adelantar los procesos judiciales en aras de la reparación o la restitución de tierras no cuentan con una adecuada información, no funcionan, o se estancan en esos agujeros negros que a veces son las burocracias y trámites institucionales. “¿Cómo creer en la justicia cuando hay 25.000 procesos represados en los despachos en el departamento de Sucre?” – señala un líder campesino.
La sensación que va quedando es que, ante la violencia sucedida, la gente tendrá que continuar sus vidas con el dolor que acaso disipará el tiempo, sin la tierra que les daba el sustento, con un fuerte sabor a impunidad, y con la tarea diaria de ir de oficina en oficina tratando de conseguir del Estado lo que más se pueda para suplir las necesidades inmediatas sin perder del todo la dignidad.

Entonces aparece de nuevo la ilusión de la Paz Territorial, que será fruto de un nuevo impulso a los procesos de paz regionales, esta vez acompañados del Gobierno Nacional a través de la implementación de los acuerdos que puedan resultar de la negociación con las guerrillas. Pero al lado de la esperanza, como una sombra, aparece el escepticismo y el descontento de la población, que se fue tejiendo en una larga historia de frustraciones, de promesas incumplidas y de corrupción, y que hoy es reforzado por politiqueros sin escrúpulos que usan los recursos dirigidos a las victimas como plataformas para obtener votos.

Otros miedos y nuevas incertidumbres se abren ante el proceso de negociación del gobierno y las guerrillas. ¿Dónde y cómo se van a integrar los excombatientes de las FARC? ¿Ellos vana pagar ante la justicia? ¿Qué va a pasar con los grupos que quedan (ELN y EPL)? ¿Cómo el Estado va a controlar a las Bacrim?. Pero la gran pregunta, sigue siendo si el proceso de negociación y los esfuerzos de paz en los Montes de María van a lograr detener los grandes proyectos de producción de Palma y de Teca que, entre otros, se fueron instalando a la saga de los desplazamientos de población que ocasionaban los grupos paramilitares. “La preocupación hoy – dice un campesino – es que hay grandes propietarios que adquieren por subasta las tierras que fueron despojadas, sin que sus dueños tengan siquiera al posibilidad de reclamar o de participar en la subasta.”

En los Montes de María el miedo y la incertidumbre siguen su curso. Pero también los esfuerzos organizativos y de memoria de las comunidades, de algunos gobernantes y pequeños empresarios, que intentan abrir escenarios plurales de diálogo para explorar posibilidades para que puedan convivir visiones y prácticas del desarrollo que por ahora no se encuentran: megaproyectos vs. economías campesinas. No va a ser fácil poner sobre la mesa los intereses ocultos que existen sobre la tierra y las fuentes de agua (los humedales) o superar el daño causado a los territorios que han sido violentados. Tampoco será fácil que el Estado y los sectores empresariales reconozca que las familias campesinas no son sólo trabajadores o empleados, sino sujetos de derechos y una potencial fuerza productiva que merece toda la atención a sus planes de vida, una fuerza que es capaz de impulsar el desarrollo rural de la región si se le toma en serio.

Uno de los mayores retos que tiene la paz territorial en los montes de María es sanar el territorio. Y desde la perspectiva de quienes han sido las mayores víctimas, esto tiene que ver con la reparación colectiva, social y política del movimiento campesino, que tuvo como plataforma organizativa a la ANUC-UR, para que pueda recomponerse, reorganizarse y cuente con los recursos y las garantías del Estado para la restitución de sus tierras y para ser actor determinante del desarrollo.

Sanar el territorio significa curar las heridas, disipar los miedos y exorcizar, con hechos, la incertidumbre que por ahora es el pan de cada día. Significa abrir una real perspectiva de futuro para las víctimas y para la población excluida de las decisiones sobre el desarrollo. El dolor puede ceder si hay esperanza, pero la esperanza solo se vuelve confianza si los campesinos despojados pueden retornar, sembrar y cosechar en condiciones de seguridad; si los indígenas pueden habitar con autonomía sus tierras, si las mujeres dejan de ser violentadas en su condición y por su condición y su voz es tenida en cuenta; si los y las jóvenes, los niños y niñas, desde una reconstrucción de la memoria del territorio y sobre la base de una adecuada formación política, pueden realizan sus proyectos de vida sin el asomo de la violencia.

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